La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha intentado minimizar y desviar las conclusiones del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) al argumentar que las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y julio de 2023 fueron instigadas por un grupo minoritario de ciudadanos. Desde Lambayeque, Boluarte expresó que las protestas de ese período fueron fomentadas por un número reducido de personas, en contraposición a la mayoría que deseaba vivir en paz.
Es importante señalar que el informe de la OACNUDH concluyó que existen motivos razonables para creer que se cometieron violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú. Además, se destaca que la mayoría de los 50 civiles fallecidos durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad procedían de las regiones del sur del país.
En relación con el uso de armas letales, incluyendo armas de fuego, por parte de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, la presidenta Boluarte mencionó que son casos específicos que están en proceso de investigación. Por otro lado, se resaltó que la OACNUDH reconoció que el Gobierno peruano ha respondido de manera rápida para atender a las víctimas y heridos de las protestas. La mandataria no hizo comentarios sobre la posible destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso y se retiró del lugar sin abordar la investigación fiscal contra su premier, Alberto Otárola, por la contratación de una amiga en Devida. Sin embargo, anunció una reunión con la ministra Hania Pérez de Cuéllar para solicitar un informe sobre la denuncia periodística relacionada con el uso de la caja chica del ministerio para adquirir suplementos alimenticios.