El partido Unión por el Perú, dirigido por el candidato presidencial y actual congresista José Vega Antonio en coordinación con el recluido Antauro Humala, tiene entre sus postulantes al Poder Legislativo a tres exfuncionarios que figuran como inhabilitados en el registro de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con documentos obtenidos por Convoca.pe.
Ellos son el candidato Wilfredo Alayo Jiménez, con el número 33 por Lima, fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, por decisiones realizadas cuando era subgerente de Control Patrimonial de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, distrito de la capital peruana. Por esta condena, Servir consignó que Alayo tiene una inhabilitación permanente, tal como se señala en los Decretos Legislativos 1243 y 1295, normas conocidas como de «muerte civil por delitos de corrupción».
En el caso de Jorge Alberto Lovón Cueva, candidato número 7 de UPP por la región Piura, registra una sanción de inhabilitación hasta el 26 de octubre del 2022 por una serie de faltas administrativas cometidas entre febrero y abril de 2017, de las cuales la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6 lo encontró responsable, cuando él se desempeñaba como auxiliar de Educación en el Colegio John F. Kennedy, del distrito de Ate, en Lima. Según la sanción, Lovón Cueva habría «faltado de palabra» y «acosado moralmente» al director, docentes y personal administrativo del mencionado centro de estudios, así como «abusado de su autoridad» frente a los alumnos.
Otra candidata de UPP que también fue sancionada con cinco años de inhabilitación por infracciones administrativas en el sector Educación es Carmen Felipe Soto, quien postula con el número 3 por la región Huánuco. En junio de 2019, fue sancionada por la UGEL N° 10 de la provincia de Huaral (Lima) por “abandono de cargo” al registrar cinco inasistencias injustificadas al Colegio Emilia Barcia Boniffatti, entre abril y mayo de 2017.
La candidata sostuvo que el Poder Judicial le ha otorgado una medida cautelar que la ha repuesto en sus labores desde diciembre de 2020, por lo que solicitará a Servir el retiro de su nombre del registro de sancionados en el que actualmente está incluida.
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