La medida comenzará el 5 de noviembre y comprende los establecimientos penitenciarios de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. La Policía mantendrá el control del orden interno, mientras las Fuerzas Armadas resguardarán el perímetro exterior.
El Poder Ejecutivo prorrogó durante 60 días calendario el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad. La medida entrará en vigor el 5 de noviembre de 2026, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 148-2026-PCM, publicado este martes en el Diario Oficial El Peruano.
La disposición comprende los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. Según la norma, la prórroga responde a la persistencia de una perturbación de la paz y el orden interno en estos establecimientos penitenciarios.
Policía mantendrá el control del orden interno
Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno en los cinco penales, mientras que las Fuerzas Armadas brindarán apoyo en la protección del perímetro exterior.
El despliegue militar comprenderá un radio de hasta 200 metros alrededor de los establecimientos penitenciarios. Las autoridades podrán controlar el ingreso de personas, reforzar la vigilancia y desarrollar acciones de inteligencia orientadas a prevenir fugas y actividades delictivas.
También se contemplan operativos para localizar e incautar teléfonos móviles, tarjetas SIM, equipos de comunicación y otros objetos cuya posesión se encuentre prohibida dentro de los centros penitenciarios.
Informes advierten hacinamiento y vulnerabilidades
La decisión se sustenta en informes de la Policía Nacional que advierten sobre un escenario de riesgo dentro de los establecimientos comprendidos. Entre las condiciones identificadas figuran un hacinamiento del 156 % y una proporción promedio de un agente de seguridad por cada 45 internos.
Los reportes también señalan el hallazgo de equipos de comunicación, sustancias ilícitas y objetos punzocortantes. Asimismo, consignan ataques con artefactos explosivos contra los accesos de los penales de Ancón I y Miguel Castro Castro.
INPE conservará la administración de los penales
La prórroga no transfiere la administración de los establecimientos penitenciarios. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conservará la gestión y custodia de los cinco centros incluidos en la medida.
La Policía tendrá a su cargo las operaciones destinadas a restablecer y preservar el orden interno, mientras que las Fuerzas Armadas cumplirán funciones de apoyo dentro del marco establecido por el decreto supremo.
Restricciones durante el estado de emergencia
La norma contempla la restricción o suspensión del ejercicio de determinados derechos constitucionales vinculados con la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal respecto de quienes ingresen a los penales o circulen por las áreas comprendidas en la declaratoria.
El decreto precisa, sin embargo, que las acciones adoptadas no afectan los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la defensa y el debido proceso de la población penitenciaria.
Policía deberá presentar un informe de resultados
Al concluir la prórroga, la Policía Nacional deberá presentar un informe detallado sobre las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos durante los 60 días de intervención.
La medida fue oficializada el 3 de noviembre de 2026 y amplía el estado de emergencia declarado anteriormente mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.
Fuentes: El Peruano: Decreto Supremo N.° 148-2026-PCM, Agencia Andina, LP Derecho
