En el marco de las facultades legislativas en seguridad ciudadana delegadas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo viene evaluando mecanismos normativos para catalogar legalmente a las bandas criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato bajo la figura jurídica de organizaciones terroristas.
La propuesta apunta a dotar al Ministerio Público y a la Policía Nacional de herramientas procesales extraordinarias, permitiendo regímenes de aislamiento severo en establecimientos penitenciarios, interceptación rápida de comunicaciones e inhabilitación definitiva para el otorgamiento de beneficios penitenciarios.
Debate constitucional y penal
La iniciativa ha generado debate en el ámbito penal y constitucional. Diversos especialistas recuerdan que el Código Penal peruano ya sanciona con cadena perpetua el delito de sicariato agravado y establece penas de hasta 35 años de cárcel para la extorsión en grado de organización criminal.
En ese sentido, juristas subrayan que la prioridad no reside en la modificación de nomenclaturas penales, sino en la asignación de recursos logísticos para la inteligencia operativa policial, el fortalecimiento de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado y el control estricto del tráfico ilícito de armas y explosivos.
Fuentes: Infobae Perú
