El jurista y catedrático advierte que la iniciativa legislativa de Juntos por el Perú busca devolver protagonismo político al exmandatario. Pese a la propuesta, Castillo permanecería en Barbadillo debido a una prisión preventiva vigente hasta el 8 de marzo de 2027 por una investigación distinta vinculada con presuntos actos de corrupción.

El jurista, constitucionalista y profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Aníbal Quiroga León, calificó de «despropósito que no tiene ni pies ni cabeza» el proyecto de ley N.° 00719/2026-2031-CD presentado por la bancada de Juntos por el Perú. La propuesta plantea conceder una amnistía al expresidente Pedro Castillo Terrones, a sus exministros y a personas investigadas, procesadas o condenadas por las movilizaciones sociales iniciadas en 2021. A juicio del especialista, la iniciativa tendría un propósito político: devolverle a Castillo un espacio de liderazgo dentro de la oposición, en un papel semejante al de Evo Morales en Bolivia, según sus declaraciones al diario Perú21.

El quiebre constitucional del 7 de diciembre de 2022

El debate sobre la amnistía reactiva la memoria sobre los sucesos del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció en un mensaje a la Nación la disolución del Congreso de la República, la instauración de un «gobierno de excepción» y la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

La decisión fue rechazada por distintas instituciones del sistema democrático, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió los hechos como un rompimiento del orden constitucional. Aquella misma jornada, el Congreso declaró la vacancia presidencial, Dina Boluarte asumió la Presidencia por sucesión constitucional y Castillo fue detenido y posteriormente recluido en el penal de Barbadillo.

Crisis social y saldo documentado de las protestas

Tras la destitución de Castillo, se desencadenaron protestas en distintas regiones del país, especialmente en el sur andino. Human Rights Watch informó que, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, murieron 50 manifestantes y transeúntes y más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de policías. La organización señaló además que las fuerzas de seguridad respondieron de manera desproporcionada.

El proyecto de amnistía, sin embargo, excluye expresamente los hechos que ocasionaron muertes, lesiones graves dolosas, violencia sexual, secuestro, tortura, trata de personas o desaparición forzada.

Los alcances del proyecto y los delitos excluidos

La iniciativa impulsada por Juntos por el Perú, con el respaldo de legisladores del Partido Cívico Obras y de un diputado de Ahora Nación, propone extinguir las acciones penales y las penas correspondientes a los hechos comprendidos en la amnistía, tanto para personas investigadas y procesadas como para aquellas que ya hayan sido condenadas. No obstante, el texto legislativo establece excepciones explícitas: no podrán acogerse al beneficio quienes hayan cometido los delitos mencionados anteriormente.

Diferencias técnicas entre amnistía e indulto

Uno de los puntos centrales del análisis de Quiroga es la diferencia jurídica entre el indulto y la amnistía. Según explicó el constitucionalista, mientras el indulto perdona la ejecución de la pena, pero mantiene la culpabilidad, la amnistía concedida mediante una ley supone borrar el hecho delictivo y dejar al beneficiario sin antecedentes penales.

Bajo esa línea, Quiroga remarcó que viabilizar un perdón legal para quien intentó quebrar el régimen democrático enviaría una señal negativa sobre la vigencia del Estado de derecho:

«Sería un pésimo ejemplo y una señal de que, en realidad, la Constitución no existe», advirtió el constitucionalista.

Castillo no saldría en libertad inmediata

La eventual aprobación de la propuesta no implicaría necesariamente la excarcelación de Pedro Castillo. El exmandatario mantiene una prisión preventiva iniciada en marzo de 2023 y posteriormente prolongada por 12 meses, cuya vigencia se extiende hasta el 8 de marzo de 2027. La medida corresponde a una investigación distinta, relacionada con presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en investigaciones vinculadas con Petroperú, la obra Puente Tarata III en el sector Transportes y el Ministerio de Vivienda.

Además, Castillo fue condenado en primera instancia a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión. Los recursos de apelación contra esa sentencia fueron admitidos a trámite, por lo que el fallo todavía no es definitivo.

Rechazo en el Congreso

El senador Flavio Figallo, del Partido del Buen Gobierno, adelantó que votará contra el proyecto y sostuvo que quienes cometieron actos sancionables deben ser juzgados y castigados.

El diputado de Renovación Popular, Javier Cipriani, también rechazó la iniciativa y afirmó que Pedro Castillo «no es un preso político, sino un delincuente», según declaraciones recogidas por ANP Noticias.

El expediente fue derivado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora Catherin Palomino, para su estudio y dictamen.

Fuentes: Perú21: declaraciones de Aníbal Quiroga y Flavio Figallo, La República: proyecto de amnistía, RPP: alcances y exclusiones del proyecto, La República: prisión preventiva hasta marzo de 2027, Infobae: prolongación de la prisión preventiva, Human Rights Watch: Informe Mundial 2024 sobre Perú, ANP Noticias: declaraciones de Javier Cipriani