La Municipalidad de Ate destinó S/34,89 millones a contrataciones para aniversarios, conciertos y actividades deportivas. Dentro de ese conjunto de operaciones, el órgano de control identificó servicios no prestados, pagos sin suficiente acreditación y contrataciones consideradas innecesarias.
La gestión del alcalde de Ate, Franco Vidal, afronta nuevos cuestionamientos después de que un informe de la Contraloría General de la República identificara pagos indebidos y deficiencias en la acreditación de servicios contratados por la municipalidad para celebraciones, espectáculos y actividades deportivas.
Según la información divulgada originalmente por Cuarto Poder, la Municipalidad de Ate destinó un total de S/34.890.000 a contrataciones directas vinculadas con eventos de aniversario, conciertos y torneos de boxeo. Parte de estas operaciones se efectuó mediante órdenes cuyos importes eran inferiores a ocho unidades impositivas tributarias.
Este monto corresponde al conjunto de contrataciones examinadas y no significa que los S/34,89 millones hayan sido declarados íntegramente como perjuicio económico. Los hallazgos difundidos se concentran en determinadas órdenes de servicio, pagos carentes de acreditación suficiente y prestaciones que no se habrían ejecutado.
Servicios no prestados y pagos sin acreditación
Las áreas municipales habrían otorgado conformidad a diferentes servicios sin disponer de documentación o evidencias físicas suficientes para demostrar que las prestaciones se realizaron en las condiciones contratadas.
Uno de los proveedores comprendidos en los hallazgos es Miguel Ángel Ruelas Quillatupa, quien antes de contratar con el Estado había postulado a una plaza de chofer de Serenazgo en la misma municipalidad. Desde mayo de 2024 recibió órdenes de servicio por S/918.725 para proporcionar baños portátiles, arreglos florales, alimentación, estrados y equipos de sonido, según las investigaciones periodísticas basadas en el informe de control.
La Contraloría determinó que, durante las actividades por el 40.º aniversario de Huaycán y un desfile de exalumnos, la municipalidad desembolsó S/61.500 por ocho servicios logísticos que no fueron prestados, lo que, según el informe, ocasionó un perjuicio económico a la entidad por ese monto. El documento citado por los medios señala que tampoco se cumplieron las condiciones establecidas en las órdenes y sus términos de referencia.
Otro hallazgo corresponde al Festival de Box Amateur celebrado el 4 de mayo de 2024 en el complejo Ollantaytambo. La municipalidad pagó S/3.800 por el alquiler de baños portátiles y sillas, pese a que el recinto ya disponía de instalaciones sanitarias y graderías con butacas. Además, no se adjuntó documentación que acreditara el traslado del mobiliario y los baños contratados.
Contraloría advierte un patrón recurrente
Gerald Flores, vocero de la Contraloría, manifestó que los hechos detectados no serían aislados, sino parte de un patrón recurrente entre la Subgerencia de Abastecimiento y las áreas usuarias que otorgaban las conformidades necesarias para liberar los pagos.
Tras establecer el perjuicio económico en los casos específicos examinados, el órgano de control recomendó a la Procuraduría Pública Anticorrupción formular las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra quienes resulten responsables de tramitar las órdenes de servicio.
¿Qué respondió Franco Vidal?
Cuando fue abordado por una reportera de Cuarto Poder, Franco Vidal no respondió sobre el fondo de las observaciones. «Por favor, sea respetuosa (…) me estás poniendo la mano», manifestó antes de retirarse.
Posteriormente, a través de sus canales digitales, el alcalde negó que se hubieran efectuado pagos indebidos y sostuvo que las empresas contratadas cumplieron con los requerimientos logísticos de los eventos.
Antecedente de trabajadores inexistentes
En agosto de 2025, otro informe de Contraloría identificó al menos 21 trabajadores que no habrían prestado los servicios contratados entre 2022 y 2023, con pérdidas superiores a S/150.000 para la Municipalidad de Ate. La comuna respondió que la mayoría de los funcionarios involucrados pertenecía a la administración anterior, aunque algunos hechos examinados correspondían a los primeros meses de la gestión de Franco Vidal.
En ese expediente, la municipalidad evitó pronunciarse sobre la permanencia de un funcionario que, según la información periodística, había otorgado conformidad a prestaciones cuestionadas y posteriormente ocupó otro cargo dentro de la comuna.
La recomendación de la Contraloría abre la vía para que la Procuraduría presente las denuncias penales correspondientes. Sin embargo, las fuentes consultadas no precisan todavía si la Fiscalía ya abrió una investigación formal derivada de estos hallazgos.
Fuentes: RPP Noticias, América Noticias, La República, Caretas, Infobae
