El Gobierno recordó las sanciones que contempla el Código Penal para quienes vuelvan a ingresar al territorio peruano pese a tener restricciones migratorias. Las condenas pueden alcanzar los siete años cuando se utilizan documentos falsificados o se proporciona información falsa ante las autoridades.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lanzó una advertencia sobre las consecuencias penales del reingreso clandestino o ilegal al Perú. Según precisó el Ejecutivo, las personas que regresen al país pese a tener vigente una prohibición de ingreso pueden enfrentar penas de prisión, mientras que el uso de documentación falsa puede elevar la condena hasta los siete años.
El pronunciamiento fue difundido en las plataformas oficiales de la PCM, que puso énfasis en las sanciones aplicables a quienes evadan los controles migratorios o intenten ingresar al territorio nacional mediante información engañosa.
PCM Informa | ¡Reingresar ilegalmente al Perú puede costar hasta 7 años de cárcel!
— Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) 17 de noviembre de 2026
Quienes regresen al país pese a tener prohibido el ingreso o utilicen documentos falsos para evadir el control migratorio enfrentarán penas más severas.
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Las disposiciones mencionadas por el Ejecutivo están contenidas en el artículo 303-C del Código Penal, referido al delito de reingreso clandestino o ilegal. Este apartado fue modificado por el Decreto Legislativo N.° 1744, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de noviembre de 2026.
¿Qué penas contempla el Código Penal por reingresar ilegalmente al Perú?
La legislación establece diferentes sanciones dependiendo de las circunstancias del reingreso y de las restricciones que pesen sobre la persona. El artículo 303-C establece tres escenarios:
- De dos a cinco años de prisión: para quienes, después de recibir una sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, o una sanción administrativa firme, vuelvan a ingresar al territorio peruano de manera ilegal o evadiendo los controles migratorios.
- De tres a seis años de prisión: cuando ciudadanos extranjeros reingresen al país mediante esas mismas modalidades, pese a tener vigente una causal de impedimento o prohibición de ingreso.
- De cuatro a siete años de prisión: para quienes ingresen utilizando documentos de identidad o de viaje falsos, o proporcionen información falsa a las autoridades para obtener la autorización de ingreso o salida del territorio nacional.
La diferencia entre estos supuestos es importante: la pena máxima de siete años corresponde específicamente a los casos que involucran documentación falsa o información engañosa. Por tanto, no todos los casos de reingreso irregular reciben la misma sanción.
Reingreso ilegal: Fiscalía deberá solicitar hasta 10 días de detención judicial en flagrancia
Las modificaciones legislativas también alcanzaron al artículo 266 del Nuevo Código Procesal Penal, que regula la detención judicial en casos de flagrancia.
La nueva disposición establece que, si una persona es intervenida en flagrancia por el delito de reingreso clandestino o ilegal, el fiscal deberá solicitar obligatoriamente al juez una detención judicial por flagrancia de hasta diez días.
Este tratamiento establece un plazo especial frente a la regla general de hasta siete días, aplicable cuando las circunstancias del caso permiten advertir peligro procesal. La normativa también contempla un máximo de quince días para investigaciones por extorsión, sicariato, secuestro y delitos cometidos por organizaciones criminales.
Sin embargo, el plazo de diez días no representa una condena anticipada ni significa que toda persona intervenida deba permanecer detenida automáticamente durante ese periodo. Se trata de una medida de carácter judicial cuya aplicación corresponde evaluar al órgano jurisdiccional.
¿Cómo cambiaron las penas con el Decreto Legislativo N.° 1744?
La reforma modificó dos de las tres escalas de sanciones contempladas anteriormente en el artículo 303-C del Código Penal. En el primer supuesto, la pena máxima pasó de cuatro a cinco años, mientras que, en los casos relacionados con documentos falsos o información falsa, el mínimo aumentó de tres a cuatro años.
El escenario referido a extranjeros que reingresen pese a tener un impedimento o prohibición vigente no sufrió modificaciones y conserva la pena de tres a seis años de prisión.
En consecuencia, los rangos establecidos tras la entrada en vigor del Decreto Legislativo N.° 1744 quedaron distribuidos de la siguiente manera: de dos a cinco años para el primer supuesto, de tres a seis años para el segundo y de cuatro a siete años para el tercero.
La disposición fue aprobada en el marco de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo mediante la Ley N.° 32743, que autorizó legislar en materias de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.
Fuentes: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Diario Oficial El Peruano (Decreto Legislativo N.° 1744)





