El Congreso de la República, encabezado por Alejandro Soto, ha anunciado su decisión de continuar con la sesión plenaria programada para el miércoles 8 de noviembre, a pesar del fallo judicial emitido por la Tercera Sala Constitucional. Esta medida cautelar, solicitada por los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), insta al Parlamento a suspender provisionalmente todos los efectos del informe final aprobado en la Comisión de Justicia y todos los actos procedimentales relacionados con el caso de la JNJ.
La decisión del Congreso de seguir adelante con la sesión plenaria se produce tras la determinación de la Tercera Sala de suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos realizada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República contra los siete integrantes de la JNJ: Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Luz Tello, Antonio De la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.
Expertos legales, como la analista Rosa María Palacios, han señalado que la acción del Congreso podría constituir una «infracción a la Constitución» y que estaría sujeta a un juicio por «incumplimiento del mandato judicial». La jurista afirmó que «todos estamos obligados a cumplir los mandatos judiciales».
La tensión entre el Poder Legislativo y la Judicatura refleja un escenario político complicado en el que se están poniendo en juego cuestiones fundamentales relacionadas con la independencia de poderes y el respeto a las decisiones judiciales en Perú.