Las normas aprobadas bajo facultades delegadas penalizan a quienes presten o alquilen productos financieros a bandas criminales, elevan condenas por sicariato y eliminan la exigencia de proporcionalidad para ciudadanos que se defiendan de ataques violentos.
El Poder Ejecutivo oficializó dos decretos legislativos destinados a golpear las finanzas de las redes criminales y dotar de respaldo procesal inmediato a los ciudadanos que ejerzan su defensa personal ante agresiones delictivas. Ambas disposiciones fueron publicadas en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
«La lucha contra la inseguridad es integral. Por un lado vamos tras el dinero ilícito de la extorsión que alimenta la violencia en nuestras calles y por el otro estaremos del lado de las víctimas que se defienden ante una agresión delictiva: quien actúa por supervivencia frente a un ataque no puede ser tratado como victimario», remarcó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
Cárcel para prestamistas de billeteras digitales y agravamiento de penas
A través del Decreto Legislativo N.° 1744, se introducen modificaciones en el Código Penal para castigar a las personas que faciliten, alquilen o presten cuentas bancarias, tarjetas o billeteras digitales (como Yape o Plin) destinadas a canalizar y ocultar dinero obtenido mediante cobros de extorsión y cupos extorsivos.
La norma también contempla un endurecimiento general en la persecución del crimen organizado:
- Incremento de sanciones corporales: Se agravan las penas contra delitos de alto impacto como sicariato, robo agravado y secuestro.
- Control de armamento ilícito: Se sanciona penalmente a quienes borren o adulteren los números de serie de armas de fuego para evitar su desvío al mercado clandestino, así como a quienes presenten denuncias falsas de robo o pérdida de armamento registrado.
- Delitos informáticos: Mediante ajustes a la Ley N.° 30096, se penaliza el acceso no autorizado a plataformas informáticas y sistemas financieros.
- Sanción a extranjeros reincidentes: Se dispone pena privativa de la libertad efectiva para aquellos ciudadanos extranjeros expulsados que reingresen al territorio nacional de manera irregular.
Nuevo marco de legítima defensa: sin proporcionalidad de medios
Por su parte, el Decreto Legislativo N.° 1743 modifica sustancialmente el régimen de la legítima defensa en el Código Penal. A partir de su vigencia, la ley presume legalmente que la víctima actúa de modo racional frente al agresor, trasladando al Ministerio Público la carga procesal de desvirtuar dicha presunción si considera que no existió causa justificante.
Entre los aspectos más relevantes de la reforma procesal figuran:
- Exclusión de la proporcionalidad de medios: Se elimina la evaluación tradicional de igualdad de armas entre víctima y delincuente para valorar la legítima defensa.
- Archivo definitivo obligatorio: Los fiscales están obligados a archivar de plano la investigación cuando se corrobore que el ciudadano actuó en defensa propia o de terceros.
- Motivación cualificada a jueces: Los magistrados deberán fundamentar con motivación cualificada, bajo expresa sanción de nulidad, cualquier resolución judicial que pretenda descartar la legítima defensa de un ciudadano intervenido.
Con este paquete normativo, el Gobierno busca neutralizar el flujo de recaudación extorsiva en billeteras virtuales y frenar la criminalización de las víctimas que se ven obligadas a defender su vida o sus bienes.
