Benavides incluye a ocho generales adicionales en un supuesto esquema de sobornos con el fin de asegurar sus ascensos en el año 2021, cuando ostentaban el rango de coroneles. Según las alegaciones, estos oficiales habrían realizado donaciones económicas tanto directamente como a través de intermediarios al entonces presidente de la República, Pedro Castillo, en cantidades que variarían entre veinte mil y cuarenta mil dólares estadounidenses cada uno. Estas sumas se entregaban presuntamente mediante el supuesto «cajero» de la organización delictiva, el suboficial PNP Jorge Tarrillo. Estas afirmaciones se encuentran detalladas en la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación en contra de Castillo.
El 15 de noviembre de 2021, se presentó la lista definitiva de ascensos, promoviendo a 25 coroneles. Sin embargo, según la Fiscalía, diez de estos coroneles se habrían relacionado con la presunta organización criminal para lograr sus ascensos. Luego, el 19 de noviembre, se publicaron las resoluciones supremas firmadas por Pedro Castillo, que favorecieron a estos oficiales en cuestión.